En noviembre de 2011 la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificaba las tecnologías inalámbricas (antenas de telefonía, teléfonos móviles, radares, Wi-Fi, Wimax, WLAN, Bluetooth) que emiten microondas o radiación electromagnética como cancerígenas tipo 2B, un nivel de clasificación igual al DDT, un pesticida prohibido en gran parte del mundo. Dicha clasificación se hacía pública tras un largo y dificultoso proceso en que hubo que identificar y expulsar de la comisión evaluadora a los científicos financiados directamente por la industria energética y de la telefonía móvil.
Una noticia de tanta importancia y significación para la salud pública no recibió la cobertura mediática que merecía, al mismo tiempo que –ignorando las repetidas llamadas del Consejo Europeo por el principio de precaución en la aplicación de estas tecnologías- el Ministerio de Educación imponía el Wi-Fi en las aulas sin dejar opción a la conexión de Internet por cable ni tan sólo en los centros escolares en que padres y maestros, que ya eran conscientes de la acumulación de evidencia científica vinculando la exposición continua a campos electromagnéticos a diversas patologías, lo pedían.
Destacados científicos como Magda Havas en la Trent University (Canadá), David Carpenter en la SUNY-Albany (EEUU), i Olle Johansson del Karolinska Institute (Suecia) han establecido una relación entre el despliegue de dichas tecnologías que emiten radiación electromagnética y el incremento de patologías como el cáncer, la infertilidad, la diabetes, patologías cardíacas y del sistema nervioso, insomnio, depresión y electrosensibilidad. Olle Johansson afirma que las personas con electrosensibilidad reaccionan de una forma celularmente correcta ante la radiación electromagnética, una reacción de evitación correcta del mismo modo que una persona evitaría estar expuesta a los rayos solares, los rayos X, la radiactividad o los olores químicos. En el caso de los niños, el incremento de la hiperactividad y los problemas de aprendizaje y conducta en niños sometidos constantemente a estrés metabólico bajo campos electromagnéticos elevados se está tratando con calmantes y antidepresivos, cuando bastaría con poner Internet con cable y regular el acceso de los menores a los teléfonos móviles únicamente en caso de extrema necesidad.
El proyecto de sustitución inminente de los contadores de la luz y agua actuales por otros electrónicos que funcionan como una antena de telefonía emitiendo microondas las 24 hora del día (y que permiten a las empresas leerlos y controlarlos a distancia para ahorrarse el sueldo de las personas que han de ir por las casas a leerlos) suponen una amenaza directa para la salud pública, que debido a la densidad de población y a la organización urbanística podría convertir este país en uno de los más contaminados electromagnéticamente del mundo. Ya tenemos la experiencia de los EEUU, donde el despliegue de estos contadores se inició en enero de 2011 de forma totalmente antidemocrática (sin la posibilidad de poder quedarte con el contador analógico y comunicar las lecturas a la empresa personalmente), dejando poco después a miles de personas lesionadas por radiación electromagnética, algunas personas con marcapasos e implantes metálicos muertas, personas que no eran electrosensibles se volvieron después de tener un contador electrónico en casa –o docenas si se vive en un edificio de apartamentos-, y los que ya estaban sensibilizados a los campos electromagnéticos tuvieron que marcharse de casa y vivir en el coche buscando lugares donde aparcar para dormir alejados de antenas o en el bosque… En el estado de California, las protestas diarias de miles de personas frente a la California Public Utilities Commission (CPUC) –la agencia del gobierno reguladora de las compañías privadas eléctricas, de agua, gas y telecomunicaciones-, durante más de un año consiguieron finalmente la posibilidad de pedir que les devolvieran el contador analógico a cambio de un elevado impuesto. La Academia Americana de Medicina Ambiental hizo pública su oposición a la instalación de estos contadores, especialmente en escuelas y hogares. Docenas de pueblos y ciudades pasaron ordenanzas municipales prohibiendo la instalación de dichos contadores mal llamados “inteligentes” o más bien “soplones” (por la amenaza no sólo a la salud, sino también a la privacidad de las personas).
Nuestros municipios deberían plantearse un diálogo social profundo y crítico sobre la relación entre cambio tecnológico y social, democracia y bienestar, aplicando de manera responsable el principio de precaución y diciendo simplemente “¡no!” a la instalación de estos contadores. Creo que la sociedad y los ciudadanos son quienes deben decidir el qué y el cómo de los cambios tecnológicos, y no la tecnología la que decida el cambio social y hasta los “cambios” genéticos humanos. Al fin y al cabo, los ingenieros de telecomunicaciones no reciben formación alguna en biología ni en medicina en la facultad, y corresponde a la sociedad decidir sobre su salud y su bienestar.
Fina Carpena
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